Dolor evitable
Tragedia en Michoacán
Carlos Manzo asumió la presidencia municipal de Uruapan en septiembre de 2024 —como candidato independiente— en un municipio golpeado por la presencia de criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del valle de Apatzingán, venía denunciando extorsiones del crimen organizado sobre productores de limón. Fue privado de la libertad, torturado y ejecutado.
Estos hechos, lejos de ser ocasionales, configuran una línea: cuando el poder público local intenta plantarle cara a la delincuencia organizada, la respuesta es brutal
Y lo más grave: lo hace ante un Estado nacional incapaz, o no dispuesto, a garantizar la mínima seguridad institucional.
El gobierno, la impunidad y el retrato del abandono
La administración de Sheinbaum ha anunciado una estrategia de seguridad que tiene como pilares “no impunidad” y “atender las causas de la violencia”.
Sin embargo, los indicadores más duros revelan que entidades como Guanajuato —donde la violencia creció más del 23 % entre septiembre de 2024 y enero de 2025— están lejos de mostrar una reversión seria de la tendencia.
Y en Michoacán, patria del alcalde Manzo y del líder limonero Bravo, la crítica local señala complicidad o tolerancia del Estado ante el dominio criminal.
El asesinato de Manzo ocurre luego de que él mismo solicitara apoyo federal frente a las amenazas que recibía y que había hecho un llamado a la presidenta para actuar.
“Michoacán, patria del alcalde Manzo y del líder limonero Bravo, la crítica local señala complicidad o tolerancia del Estado ante el dominio criminal”
El homicidio de Bravo ocurre en un contexto en el que los productores habían denunciado que los grupos criminales operaban libremente sobre los limoneros, exigiendo cuotas y controlando rutas de comercialización.
Surgen varias preguntas:
¿Dónde está entonces la acción estatal visible?
¿Cuál es el indicador de que el gobierno central detiene o revierte este escenario?
La respuesta que vemos es: proclamaciones de “no impunidad”, reuniones de gabinete, promesas de operativos, pero sin una señal clara de que la estructura de impunidad se haya comenzado a desarticular.
El título “Dolor Evitable” no es retórico: estos homicidios podrían haberse evitado si existiera un Estado que respondiera con eficacia. Cuando un alcalde hace la “lista” pública de entes criminales que operan en su municipio y aun así es abatido en un evento público, la sociedad entera observa que el riesgo de tomar el poder local ha sido asumido sin la protección del Estado.
Cuando un líder del campo denuncia extorsiones e inmediatamente es ejecutado, la agricultura, el trabajo y la economía quedan expuestos a la violencia impune.
Estos dos casos —Manzo y Bravo— son solo la punta de un iceberg que incluye desapariciones, asesinatos de policías, enfrentamientos abiertos y una ruta de dominio territorial del crimen organizado que en estados como Guerrero, Michoacán y Guanajuato ya ha devenido en semi-paralización del Estado de derecho.
¿Por qué el Estado no actúa con contundencia?
Podríamos señalar tres grandes razones:
Impunidad estructural. Aunque se hable de “no impunidad”, la realidad es que los niveles de resolución de homicidios, extorsiones y desapariciones continúan próximos al mínimo aceptable. En Michoacán y Guerrero —lugares en que operan grupos muy agresivos— la impunidad sigue siendo la norma.
Pero entre la promesa y el resultado, la violencia crece en zonas clave, y los ciudadanos no ven que las prioridades que se declaran se conviertan en protección real.
Lo que se está jugando:
El sistema democrático mexicano corre riesgos reales: cuando un municipio como Uruapan ve a su alcalde morir a tiros en plena plaza, y los productores de limón son asesinados por denunciar extorsiones, se mina la confianza ciudadana en que el derecho, la legalidad y el Estado funcionen para ellos.
“El populismo, el autoritarismo o el clientelismo emergen como respuesta cuando el Estado no garantiza mínimos de seguridad y justicia”
Es exactamente lo que queríamos evitar —la persona humana como eje del debate político— y sin embargo la realidad se nos escapa de los márgenes institucionales protectores.
Conclusión:
El dolor causado por las muertes de Carlos Manzo y Bernardo Bravo no es mero accidente de la violencia mexicana: es una señal de que la impunidad, el crimen organizado y la inacción estatal se entrelazan para hacer de territorios enteros espacios de inseguridad estructural.
“El gobierno de Claudia Sheinbaum ha declarado que “sin justicia no hay seguridad”.
Pero la cruda imagen de estos asesinatos, en estados donde la violencia está al rojo vivo, nos dice que aún no se ha empezado a dar vuelta a la página.
Si el país desea realmente romper este círculo vicioso, es necesario que la lógica de protección de la vida —la vida del alcalde, la del productor, la de cada ciudadano— se imponga ante la lógica del miedo y del silencio.
El “dolor evitable” exige un Estado que actúe, que transparente, que rinda cuentas… que proteja. Y, sobre todo, un liderazgo que entienda que la vida humana no es variable de ajuste, sino eje del orden político.
Espero tus comentarios:
Gilberto M Limón Corbalá
CEO de LIDERATIUM.com
gilberto.limon@lideratium.com
